Miércoles 23 de junio de 2010, por
Cuando las mujeres avanzamos hacia la igualdad, al menos la igualdad formal, tras muchos años de lucha feminista, el patriarcado inventa nuevas trampas para luchar contra nuestros avances. Aparentar cambios para que todo siga igual. Y lo hace desde una postura aparentemente igualitaria. Exigen la custodia compartida aún cuando no se han implicado en el cuidado de los hijos, ni comparten las tareas domésticas (los más avanzados continúan "ayudando"… "me pone la mesa o la lavadora", "me compra el pan" y "me tira la basura"). Dice la socióloga Isabel Alberdi que de 28 tareas diarias necesarias en una casa, generalmente los hombres españoles hacen dos: limpiar y conducir el coche. Lo que quiere parecer el deseo de implicarse en el cuidado y educación de los hijos no es más que la pretensión de que se venda el domicilio conyugal, se reparta el dinero por mitad y que las mujeres continúen cuidando a los hijos. También evitarse pagar pensiones por los niños. Y si ellos deben compartir la custodia con la exmujer, como máximo que la madre (abuela paterna) o la nueva pareja se ocupe de ellos.
Las cifras: hombres y mujeres no comparten el cuidado de los hijos
Según datos oficiales, en el Estado español sólo el 3,6% de las excedencias para el cuidado de los hijos son pedidas por los hombres. Y en cuanto a los permisos de relevo materno, los solicitan los hombres en un 1,54%. De 250.000 permisos de trabajo tomados por mujeres, tan sólo 4.500 hombres los pidieron el mismo año. Trabajan asalariadamente el 44,5% de las mujeres y el 67,6% de los hombres. Es decir, hay un gran porcentaje de mujeres que se dedican en exclusiva al trabajo doméstico y al cuidado de la familia (hijos, marido, ancianos, enfermos y discapacitados). Y otro porcentaje que realizan doble tarea, trabajando fuera y dentro del hogar. Porque las mujeres cubren el 75% del tiempo dedicado a tareas domésticas mientras que los hombres cubren el 25%. Además de que el 75% de las tareas domésticas están realizadas por mujeres, el 80% de las personas con contrato a tiempo parcial son mujeres (por lo que el resto del tiempo se ocupan de hijos, marido, ancianos y enfermos). Lo único que hoy tienen seguro las mujeres que se separan o divorcian es la custodia de sus hijos y el uso del domicilio conyugal, porque mayoritariamente son ellas y sus niños/as la parte más necesitada de protección. Sólo un 3% de padres la reclaman en el Juzgado y un 10% la pactan.
En un porcentaje elevadísimo los "amorosos" padres no pagan las misérrimas pensiones para los hijos que ha pactado o que ha dictado un juez. Y no les pasa nada. Cuanto más dinero tienen más facilidad de escapar a sus responsabilidades económicas. Si a las separadas/divorciadas les quitan el uso del domicilio, aumentará la feminización de la pobreza, que ya es aterradora (no sólo lo decimos las feministas, también todos los organismos oficiales, sean de derechas o de izquierdas, y las entidades caritativo-religiosas, que no pueden ser tildadas de extremistas-radicales-feministas: los hogares monoparentales, mayoritariamente con mujer al frente, están también a la cabeza de la pobreza). Y de forma muy habitual los niños se quedan esperando a papá con la bolsa preparada y ellos incumplen reiteradamente con su obligación/derecho de tener consigo a los hijos, en eso que se llama régimen de visitas, estancia y comunicación, para cuidarlos, educarlos y protegerlos. Y no les pasa nada, mientras que a las mujeres se las castiga duramente (se les retira la custodia de incumplir reiteradamente) si impiden el contacto de las/los hijas/os con el padre, o no obligan a las/los menores a ir con él cuando ellos/as no quieren.
Algunos pequeños grupos de hombres, bien organizados y con gran poder de difusión de sus tesis en los medios de comunicación, no cesan de difundir la idea de que las mujeres interponen denuncias falsas de presuntas agresiones de violencia doméstica, cuando –dicen ellos- no han existido tales agresiones. Y manifiestan que con esas denuncias falsas las mujeres consiguen prebendas: el uso de la casa, la custodia de los hijos, mayores pensiones. Nada de ello es cierto. Ni hay denuncias falsas (o son en muy inferior número a otros delitos) ni se consigue prebenda alguna con las denuncias. Sabemos que la violencia de género sale a la luz del 5 al 10% de las ocasiones. Decir lo contrario es una completa falsedad, pero que se difunde y que cala en la sociedad, a pesar de los desmentidos oficiales (en España los datos oficiales hablan de 2 millones de mujeres maltratadas y entre 500 sentencias estudiadas se ha encontrado una denuncia falsa. Se confunde denuncia falsa con que se absuelva al maltratador, cuando ello sólo significa que la maltratada no ha podido probar la agresión o el maltrato, porque hay que garantizar la presunción de inocencia, lo que perjudica a las víctimas y protege a los agresores. Y con esa falsedad se justifican incluso los malos tratos y hasta los asesinatos, las muertes anuales de mujeres; "nos dejan sin casa, sin hijos, en la indigencia, estamos tan presionados, nos sentimos tan injustamente tratados que no nos queda más remedio", o al menos que es lógico que se agreda y se mate….en una "desesperación" que nunca ha existido. Esta es la carta que como responsable de medios de comunicación de "Dones Juristes" remití a los medios de comunicación cuando la Decana de los Jueces de Barcelona, Mª Sanahuja, hizo unas manifestaciones públicas que dañaron gravemente los derechos de las mujeres, al alinearse y ratificar las quejas de algunos hombres, carta que expresa nuestra posición.
Las declaraciones de la Decana de los Jueces de Barcelona sobre las mujeres maltratadas, las abogadas que las defienden y la Ley Integral sobre la Violencia Doméstica:
Desde hace demasiado tiempo venimos asistiendo a los continuos, desacertados e injustos comentarios de la Decana de los Jueces de Barcelona, Mª Sanahuja, difundidos en todos los medios de comunicación, sobre las mujeres maltratadas, las abogadas feministas que las aconsejan y defienden y sobre la Ley Integral contra la Violencia doméstica. La Sra. Sanahuja aparece reiteradamente en prensa, radio y televisión y expresa opiniones que no son en absoluto ciertas, ni acertadas, ni justas. Y que, o son dictadas por el desconocimiento de la problemática y su realidad, lo que sería muy grave, o desde la falsedad, lo que resultaría aún más irresponsable, intolerable y hasta delictivo. Sea por la causa que sea, lo cierto es que el mal que provocan sus desacertados comentarios es tan importante que no podemos por menos que efectuar nuestra más enérgica repulsa, en el sentido de denunciar ante sus superiores, ante el Fiscal Jefe de Catalunya, la Decana del Iltre. Colegio de Abogados y ante la opinión pública, la falsedad de los continuos comentarios, a la vez que exigir que se tomen las oportunas medidas, a fin de evitar el grave daño que causa en las víctimas de la violencia y en la honorabilidad de las letradas.
Mª Sanahuja acusa a mujeres maltratadas y a sus abogadas de "mentir y poner denuncias falsas, a fin de conseguir mejores condiciones en las separaciones", con total desconocimiento de la realidad e impunidad. Quienes nos dedicamos al estudio de la problemática del maltrato y especialmente a defender a las víctimas de la violencia de género, sabemos que no existe ventaja alguna por denunciar casos de maltrato (y menos hacerlo falsamente). Y desde luego que acudir a los Juzgados de Violencia doméstica significa ralentizar la solución de los problemas, atendido que las resoluciones tardan a veces 6 u 8 meses, mientras que se resuelven con mucha mayor premura en los Juzgados de Familia (y en los de 1ª Instancia), siendo nosotras, las abogadas, las primeras en defender que el derecho penal es "la última ratio", es decir, el último al que acudir, cuando no hemos solucionado los problemas de otra forma (lo que intentamos cuando es posible).
Como expresan todos los datos oficiales de los últimos años, difundidos por los gobiernos de cualquier ideología (derecha ó izquierda), las mujeres que denuncian maltrato lo hacen generalmente tras 7 ó 10 años de padecerlo. Y tan sólo se atreven a hacerlo del 5 al 10% de las maltratadas, que cuando acuden a efectuar la denuncia, saben que inician un via crucis, que se suma al que ya padecían. Los resultados de esa actitud valiente es en demasiadas ocasiones la absolución del agresor, no por falsedad en las denuncias, sino por otros muchos motivos (la soledad en que se comenten los delitos, la negación de vecinos a declarar como testigos, el miedo y las presiones que reciben las mujeres en el momento de asistir al juicio, la creencia de que él va a cambiar, la actuación del Ministerio Fiscal, la presunción de inocencia de los agresores, ya que se protege más que el daño recibido por la agredida….) Todo ello hace desistir a las maltratadas de acudir a los Juzgados en demasiadas ocasiones, al creer que no van a verse creídas, respetadas, comprendidas, respaldadas ni protegidas. Indicar que generalmente la mujer que ha sido maltratada y que acude a denunciar, no llama previamente a su abogada. Va a una comisaría para ser atendida y son los mossos d´esquadra quienes al redactar la denuncia preguntan a la mujer si quieren solicitar una orden de alejamiento o una de protección para ellas y sus hijos, y las mujeres, asustadas, a menudo dicen que sí. Posteriormente el Juez no acuerda tal medida, cuando así lo aconseja la estricta aplicación de la Ley.
Es evidente que desconoce la Sra. Sanahuja el llamado "círculo de la violencia", que lleva a la maltratada a no proseguir con las denuncias y volver a confiar en su marido/compañero (y a veces padre de sus hijos), por sus promesas de cambio de comportamiento y su necesidad de creerlo. El temor, la falta de autoestima y en tantas ocasiones, la falta de medios económicos y laborales. Y el terror que las paraliza tras las torturas sufridas antes de la denuncia. Desconoce por tanto la situación psíquica que padecen y los síndromes que las paralizan. Y al parecer, desconoce también cómo funcionan los Juzgados de Violencia Doméstica y la precariedad de sus medios. La Sra. Sanahuja no cesa de acusar a las maltratadas de mentir e interponer denuncias falsas, con total impunidad y evidentemente sin pruebas que lo avalen. Y las acusa de colapsar los Juzgados, cuando ni la primera cosa es cierta ni la segunda debe preocupar a las justiciables, atendido que si desde los poderes públicos no cesa de animarse a las agredidas a denunciar, éstas deben poder hacerlo, inaugurándose más Juzgados de Violencia si son necesarios (lo que sabemos va a hacerse de inmediato, según anunció recientemente el Gobierno central, que manifiesta conocer la gravedad del problema).
El número de denuncias falsas es sin duda ínfimo, mucho menor que el que se produce en cualquier otro delito, y de esas otras denuncias falsas mucho más cuantiosas, nadie habla. La ciudadanía mira con complacencia, simpatía y una nada recomendable normalidad, la comisión de ese delito (denuncia falsa), cuando se trata por ejemplo de denunciar un robo, para el cobro de una indemnización por parte de una compañía de seguros. Y mientras, los medios de comunicación difunden y los ciudadanos reciben la idea opuesta a la terrible realidad del maltrato, guardando un silencio cómplice ante la gravedad y falsedad de las acusaciones de la Sra. Sanahuja. No ha podido ofrecer la decana cifras o pruebas en las que se basa para sus falsas afirmaciones. No existen condenas de mujeres por delinquir, acusando falsamente a sus maridos o compañeros. Y su irresponsable comportamiento, ante el valor de la mujer que se atreve a denunciar a la persona amada, en lugar de recibir muestras de apoyo y comprensión, encuentra desconfianza y hasta amenazas, lo que produce un efecto perverso, pasar de víctimas a culpables.
No debe olvidarse que cada año mueren asesinadas, a manos de su pareja o expareja, de 60 a 80 mujeres y que al menos dos millones padecen maltrato de forma habitual (cifras oficiales que se repiten desde los últimos 20 años). Que organismos e instituciones poco sospechosos de feminismo radical, como la ONU, la UNESCO, Amnistía Internacional, Justicia i Pau, Cáritas, y los Institutos de la Mujer de las épocas del PP o de CiU, como los de la época actual, de izquierdas, así como numerosos estudios de diversos profesionales, ajenos al feminismo, han ratificado los datos que los grupos de mujeres hemos denunciado durante años, llegando a la misma conclusión de los datos que aportábamos, llegando a la conclusión de que la "violencia doméstica es el crimen encubierto más numeroso del mundo" (ONU), que "una mujer tiene 9 veces más peligro de ser agredida en su casa que en la calle", o que "hay mayor número de muertas por violencia doméstica que la suma que producen los accidentes de carretera y el cáncer" .
En los últimos días la Sra. Sanahuja, en un claro enfrentamiento con la también magistrada, miembro del Consejo General del Poder Judicial y directora del Observatorio de Violencia Doméstica, Dª Montserrat Comas, gran conocedora de la problemática de la violencia de género, está difundiendo la tesis de que el maltrato es un asunto privado, que debe resolverse de igual forma, privadamente, tras 200 años de lucha feminista por conseguir sacar de la intimidad de los hogares la más terrible lacra de la sociedad: la violencia física, psíquica y sexual contra el 52% de la humanidad, por el hecho de ser mujeres.
Como juristas, que exigimos que se respete el honor de las mujeres y la deontología con la que siempre trabajamos, no podemos por menos que denunciar, no sólo la falsedad de las acusaciones de la decana, sino también lamentar la enorme difusión que se realiza de tan peregrinas ideas, que no hacen más que colocar a las agredidas en una situación de mayor vulnerabilidad. Y a los maltratadotes, que son quienes iniciaron y mantienen esa campaña, ayudados consciente o inconscientemente por Dª María Sanahuja, crecidos y beneficiados por una aureola de falsas víctimas, en lugar de como lo que son, verdugos.
La Associació Dones Juristes, el grupo más numeroso de asociadas profesionales del Derecho de Catalunya, que cuenta entre sus miembros con catedráticas, profesoras universitarias, abogadas y funcionarias de diversos ámbitos, Associació que recibió en diciembre de 2005 la "Creu de Sant Jordi", de manos del President de la Generalitat, D. Pascual Maragall, por su aportación a la paz y el progreso de la sociedad catalana, exige la destitución inmediata de la decana, por afirmar falsamente que las víctimas mienten, atentar contra la honorabilidad, la ética y deontología de las profesionales del derecho, con absoluta temeridad y mala fe, por los daños psicológicos a las víctimas, la difamación a las letradas y la descalificación a la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, y su inaceptable y manifiesta incompetencia para el ejercicio de su cargo.
La descalificación de las víctimas, el descrédito de las profesionales y un atentado a su honorabilidad, así como la descalificación de una Ley por la que tanto hemos luchado y que tantos años ha tardado en votarse de forma unánime por el Congreso de los Diputados, es una muestra de grave irresponsabilidad, que entendemos debe ser atajada de inmediato. Por ello remitimos el presente comunicado al Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal Jefe de Catalunya, la Decana del Iltre. Colegio de Abogados de Barcelona y a los medios de comunicación (con el ruego de su más amplia difusión)
Por último, el nuevo invento del patriarcado va dando sus frutos. El pretendido "Síndrome de Alienación Parental" [1], está destrozando la vida, la salud y la tranquilidad a cientos de mujeres y a sus hijas/os… Hay menores que se suicidan por ello. Hay maltratadas a las que les quitan los hijos y les impiden verlos y hablar con ellos hasta por teléfono durante meses, mientras esos hijos/as se entregan al maltratador/abusador y los dejan bajo su custodia. Y va en aumento el número de sentencias que recogen un síndrome que no existe, según afirma, confirma y ratifica la clase médica. Si se denuncia la agresión física o sexual, posiblemente ellos se defenderán atacando, denunciando falsamente que la madre hace "SAP" y por eso las/los menores se niegan a verlo y a estar con él. Tras unos kafkianos vericuetos e informes psicológicos, generalmente de los servicios adscritos a los Juzgados de Familia, acaban acusando a la maltratada o a la madre protectora del pretendido SAP y el drama está servido. Se trata de un invento de 1985 de un médico americano llamado Gardner, para defender a pedófilos, maltratadores y agresores sexuales, que está calando en nuestra sociedad.
Los medios lo difunden como si de ciencia se tratara, cuando en los países que lo comenzaron a poner de moda hoy lo rechazan categóricamente y lo llaman "ciencia basura", estando prohibida su alegación en los Tribunales. Por el contrario en nuestro país (que llegamos cuando el resto está de vuelta) una buena parte de los jueces así lo aceptan, aconsejados por "sus técnicos" (psicólogos adscritos a los Juzgados, en los llamados SATAF). Hay infinidad de libros publicados, de entrevistas hechas a sus defensores y un solo y único libro (de Consuelo Barea y Sonia Vaccaro, doctora y psicóloga feministas, prologado y presentado en septiembre pasado por Miguel Lorente Acosta, reconocido médico forense, antes director general de Asistencia a las Víctimas de Violencia machista en la Junta de Andalucía y actual delegado del Gobierno para Violencia de Género, del Ministerio de Igualdad). Sobre ese libro de dos autoras feministas hasta ahora sólo se han publicado artículos en contra; ("el libro que ha presentado un miembro de ese ministerio que Zapatero les ha regalado a sus amigas feministas radicales") Y ni uno a favor. Y ello a pesar de que contra el pretendido SAP han firmado un manifiesto más de 100 profesionales de la salud de toda España (psiquiatras, forenses, psicólogos, educadores) y al menos una cincuentena de organizaciones de mujeres. Que el delegado del Gobierno dice que las autoras, que defienden lo que defendemos las abogadas feministas, "han hecho un diagnóstico certero y las recetas para solucionar los problemas aparecen recogidas de forma magistral". O de que la magistrada Montserrat Comas d´Argemí, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra los malos tratos aportaba argumentos para reafirmarse en que no existe tal SAP. Tan sólo una magistrada, Dª Nekane San Miguel, de la Audiencia Provincial de Vizcaya , ha dictado dos sentencias contra el mal llamado SAP, en las que explica que tal síndrome no existe, que se trata de una teoría sexista, que va en contra de los derechos de las mujeres y de los/las menores, en definitiva contra los derechos humanos.
El ataque del patriarcado, con nuevas estrategias y trampas, es la respuesta al avance de nuestros derechos, a esos derechos alcanzados con tanto esfuerzo, tras tantos años de lucha.
De nuevo se presenta a las mujeres con los mitos de siempre, aunque pretendidamente modernizados… malévolas, manipuladoras, perversas, carentes de credibilidad, embusteras, Malas e inadecuadas incluso en sus funciones como madres. Y Los nuevos hombres nuevos (título del libro del Dr. Miguel Lorente) pretenden "cambiar para que todo siga igual, para adaptarse a los tiempos, a las circunstancias, sin renunciar a su posición de poder y sin que ninguno de los cambios deteriorara su sólida posición en la estructura social". Esto es, "el postmachismo" desde una pretendida lucha para "la verdadera igualdad" (el lobo con piel de cordero). No hay revisión de los papeles masculinos, sino nuevas imposiciones, para que nada cambie. Por el contrario las mujeres hemos pasado de lavar la ropa a "lavar el cerebro" (de nuetros hijos). El postmachismo y postconservadurismo; de los neocons a los poscons (según Lorente).
Amigas, compañeras, tenemos mucho que contaros, muchos datos e información para facilitaros, muchos argumentos para explicaros lo que ocurre y cómo hacerle frente. Sólo desde el conocimiento de las armas del enemigo podremos/sabremos defender los derechos ya conquistados y avanzar hacia otros nuevos, en este largo camino hacia una sociedad más justa, igualitaria, feliz. Hacia la utopía de una sociedad feminista, porque el futuro… será feminista o no será…
Ponencia presentada en las Jornadas Feministas de Granada. Fuente: Revista Trasversales número 18 primavera 2010
Notas
[1] El "pretendido síndrome de alienación parental", tal como lo ha denominado la Asociación de Psicología Americana (APA), "SAP" por sus siglas en castellano, y la ideología que lo sustenta, son un constructo pseudo-científico que ha sido utilizado, desde su creación en Estados Unidos en 1985, en el ámbito de la justicia y en las causas de divorcio en las que se disputa la custodia de los hijos, generando situaciones de alto riesgo para las criaturas y provocando una involución en los derechos humanos de niñas y niños y de las madres que pretenden protegerles. El efecto intimidatorio que produce su sola mención en la justicia, facilita que algunos profesionales, regidos sólo por el afán de ganar, lo utilicen habitualmente en los casos controvertidos de divorcio. Este atributo del "SAP" lo convierte en un instrumento "ad hoc" que además invisibiliza el incesto y la violencia de género preexistentes. La aparición del "SAP" en cualquier litigio judicial lo reduce todo a la alienación paterna y convierte automáticamente a las víctimas en victimarios.
Exhaustiva investigación: la auténtica realidad de este infundado síndrome, carente de toda base científica, desechado en la actualidad en EEUU. Pretenden con él formar e informar a profesionales del derecho, la salud mental y los servicios sociales que quieran llevar a cabo una buena praxis en el campo del divorcio y la custodia y aportar argumentos, desde el conocimiento y la racionalidad, que permitan reintegrar a las víctimas la credibilidad de sus legítimas quejas sobre un progenitor abusivo y negligente.
El objetivo final al investigar sobre el SAP es proteger a las niñas y niños, víctimas inocentes de la aplicación de este supuesto síndrome, de la "terapia de la amenaza", coacción que proponen quienes lo aplican como único "tratamiento" válido..
