SISTEMA JUDICIAL CORRUPTO

Síndic critica que el Consell financie un congreso sobre custodia compartida

Valencia, 3 nov (EFE).- El Síndic de Greuges, José Cholbi, ha instado al Gobierno valenciano a no volver a financiar en el futuro eventos como el cuarto congreso internacional del Síndrome de Alienación Parental y Custodia Compartida celebrado en Valencia el pasado marzo, ya que este síndrome carece de validez científica y vulnera derechos fundamentales.

En una recomendación, Cholbi atiende la queja de una particular en relación a la organización de este simposio en Valencia, donde expertos iban a debatir sobre los supuestos daños del síndrome de alienación parental, que sin tener validez científica como herramienta de diagnóstico puede atentar contra la igualdad.

Según el Síndic, la financiación por parte de Gobernación no parece acertada porque "a pesar de su difusión y popularidad, ha sido cuestionado como concepto válido".

En este sentido, no solo ha sido rechazado "continuamente" a ser admitido por los grandes sistemas de clasificación de desórdenes médicos y psicológicos aceptados por la comunidad científica y los organismos internacionales, sino también por instituciones relevantes, ha explicado.

Entre ellas se encuentra la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que sostiene que "el sesgo de género en las descripciones del SAP es innegable", ya que lleva a que las protestas del niño y la madre de abuso o maltrato sean desoídas.

Cholbi recuerda que los tribunales han incidido en la relación entre el SAP y la custodia compartida, que según algunas resoluciones judiciales tienen causas y consecuencias "íntimamente unidas tanto en lo económico como en lo personal, en las crisis de pareja y contribuyen a la feminización de la pobreza".

El Síndic considera que este "pretendido síndrome" afecta al derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, y recuerda que la Administración está "obligada a detectar las reacciones que surgen en determinados grupos contrarios a la igualdad real".

En su opinión, el SAP es "un instrumento al servicio de la estigmatización de las mujeres" y tiene una "íntima relación" con la custodia compartida, que en los casos en que resulta impuesta supone "un verdadero obstáculo para que la igualdad sea real y efectiva y proteger a los menores".

Así, el Síndic ha llamado a "la necesaria actuación de los poderes públicos para estrechar la brecha cada vez mayor gracias al discurso no igualitario, sino igualitarista, que se está instalando".

Por ello, insta a Gobernación a que, en el futuro, evite financiar y respaldar eventos que puedan afectar a derechos fundamentales, y promueva por contra aquellos que "se dirijan a protegerlos".

La autora de la queja denunciaba, con anterioridad a la celebración del congreso, que la Conselleria de Gobernación fuera a colaborar en la financiación de un evento cuya finalidad era la de difundir una herramienta que "permite culpar a las mujeres de los miedos y angustias razonables de los niños hacia su padre violento".

Por ello, solicitaba que se adoptaran acciones que impidieran la aplicación del SAP en ámbitos judiciales y sociales, al considerar que atenta contra los principios democráticos y hace apología sexista y violenta contra las mujeres y los menores.

La Fiscalía del Supremo desiste de pedir la absolución del juez Serrano

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/02/andalucia_sevilla/1322821251.html

De cuando Manuel Altava reventó la cerradura del domicilio familiar

elplural.com JOSE MARÍA GARRIDO | 04/julio/2011

Manuel Altava, el magistrado en excedencia y senador por Castellón del Partido Popular que pese a impulsar la custodia compartida ha conseguido que una sentencia judicial establezca que sus hijos vivan a 200 kilómetros de donde lo hace su madre, ya se convirtió en noticia en 2010 cuando el juez instructor del Tribunal Supremo, José Manuel Maza, le absolvió de haber cometido un delito de realización arbitraria del derecho propio y allanamiento de despacho profesional.

En un artículo titulado "¿Por qué pedir las llaves si puedes llamar al cerrajero?", el periodista José Yoldi explicaba el 1 de marzo de 2010 en el diario El País que cuando Altava se separó de Paloma Sanz, su compañera sentimental y madre de sus dos hijos, se personó en el domicilio familiar ubicado en Castellón con dos cerrajeros, varios policías de paisano y tres transportistas para apoderarse de 70 cajas de libros, además de cuadros, estanterías, mesas y sillas de despacho, ordenadores, impresoras y todos los efectos que Altava consideró suyos.

El 15 de agosto de 2003
Precisamente, fue un 15 de agosto -festivo en toda España y día en el que Paloma Sanz se encontraba de vacaciones en Benicàssim con sus dos hijos-, cuando el senador aprovechó para reventar la cerradura del domicilio y de paso forzar las puertas del despacho profesional de su excompañera sentimental, situado en la planta baja del mismo inmueble.

Salvado al convertirse en Senador
Lo ocurrido aquel día dio lugar a que el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón abriera un proceso por delito de realización arbitraria del derecho propio. El caso siguió adelante, se abrió juicio oral y cuando estaba apunto de sentarse en el banquillo de los acusados en Castellón, Altava resultó elegido senador por el Partido Popular.

Absuelto por Maza
Y entonces, al ser aforado desde el 9 de marzo de 2008, el caso pasó al Supremo. La fiscalía consideró que había elementos suficientes para acusar a Altava, pero el juez instructor del Supremo, José Manuel Maza, aseguró en una sorprendente resolución que el dirigente del PP no había cometido delito alguno. Para Maza lo ocurrido aquel 15 de agosto de 2003 fue un "mero cambio de cerradura" ya que "en ningún momento Altava pretendía realizar un derecho propio contra la voluntad de su expareja".

Pregunta sin respuesta
"Y usted se preguntará: si todo fue tan inocuo, ¿por qué Altava no llamó a su expareja y le pidió las llaves para entrar en la vivienda y llevarse sus cosas, en lugar de hacerlo cuando ella estaba de vacaciones y por la fuerza?; se preguntaba el periodista José Yoldi en su artículo antes de afirmar que "menos mal que todos sabemos que los jueces del Supremo no prevarican, porque seguro que habrá malpensados que opinen que el asunto tiene un malsano tufillo corporativo".