miércoles, 22 de octubre de 2014

MALTRATADA Y ENVIADA A PRISION POR EL JUEZ

MALTRATADA Y ENVIADA A PRISION POR EL JUEZ


En Sevilla, donde la bondad y el cariño de las compañeras feministas se hizo patente hace unos días en la asistencia a la presentación de mi libro Los nuevos machismos, y en el homenaje que me rindieron, sufrí la tristeza de conocer, una vez más, como la casta judicial se muestra en toda su crueldad patriarcal contra las mujeres y los niños. Las víctimas del maltrato machista, así como sus hijos –los más débiles e impotentes–, son doblemente victimizadas cuando acuden a pedir amparo a la justicia democrática de nuestro Estado moderno, respetuoso con la defensa de los derechos humanos.

Inés María Rivas Morera tuvo que denunciar al padre de su hija de tres años por abusos sexuales continuados. La denuncia se archivó en el Juzgado. Presentó querella y volvió a archivarse, se presentó el recurso ante la Audiencia y ratificó el archivo alegando la falta de pruebas. Por tanto el padre mantuvo todos sus derechos sobre la hija: la patria potestad y el régimen de visitas que le permitía disponer de la niña fines de semana alternos. La madre, desesperada ante la obligación de entregarle a la menor durante dos días cada quince, sin control alguno, dejó de permitírselo. La denunciaron a ella el ex marido y el fiscal, siempre tan atento a defender los derechos de los padres, y el juez ordenó que la detuvieron varios días. Cuando en la resistencia callada y sufrida que mantienen las madres en la defensa de sus crías, aún contra las agresiones de los progenitores –y sin esa capacidad de defensa femenina la humanidad hubiera desaparecido hace milenios–, Inés se mantuvo firme en proteger a la niña, el juzgado le ha impuesto multas que oscilan de 2.000 a 4.000 euros. La resolución judicial sobre el último recurso presentado por su abogado lleva camino de eternizarse.

Isabel Hinojosa Picón ha sido víctima de la insania machista del juez Serrano que, en Sevilla, durante un tiempo, demasiado, dispuso del poder que otorga el nombramiento judicial para perseguir a las mujeres que presentaban en su juzgado demandas de divorcio o denuncias por maltrato. Tantas fueron las actuaciones no ajustadas a derecho que acabó siendo condenado por prevaricación, pero mientras tanto Isabel y muchas más, y yo misma, fuimos víctimas de la persecución del que debía ser el garante de nuestra tutela judicial.

El más penoso y urgente de los casos que en una catarata de confidencias me contaron las víctimas, es el de María Salmerón Parrilla que se encuentra en el corredor de la prisión, esperando que en breve se le ordene ingresar para cumplir condena. María sufrió maltrato por parte de su marido durante un tiempo interminable –cualquier plazo de tiempo bajo la tortura es demasiado–, en el que la hija fue víctima y testigo a su vez. A pesar de ser condenado por sentencia firme, como es habitual en el criterio de los jueces, no se le ha retirado el régimen de visitas y la criatura sufre cada fin de semana los gritos, golpes y castigos del padre, hasta que la madre decidió no entregársela más. Y entonces comenzaron los procesos contra ella. Fiscales y jueces tan laxos con la concesión de órdenes de alejamiento y de protección, y mucho más descuidados en hacerlas cumplir, hasta que el denunciado o condenado puede asesinar a su víctima, son rigurosamente estrictos en la persecución del delito de desobediencia a las órdenes judiciales: cuando la madre se niega a cumplir el régimen de visitas señalado en la sentencia. Aquí hablamos además del criterio patriarcal por el cual el hombre siempre tiene razón, de la defensa del honor del juez. No va a permitir que una simple mujer, y en este caso no puede alegarse que falsa puesto que existen dos sentencias condenando al maltratador, pero siempre inestable por su condición de hembra, ponga en cuestión y se niegue a cumplir sus imperativos mandatos.

Por tanto, condenaron a María a un año y seis meses de prisión. Cuando no cupieron más recursos se solicitó el indulto, y a pesar de la explosión de generosidad ciudadana y feminista que expresó su indignación repetida y públicamente, y de la cobertura que los medios de comunicación le dieron, curiosos por el extraño caso, no se logró de la generosidad del gobierno más que un indulto parcial que se la redujo un tiempo. Pero en eso el padre volvió a exigir el cumplimiento del régimen de visitas y María siguió negándose a ello en protección de su hija. Y cayó la segunda condena, y ya no hay posibilidad de incumplirla porque al ser la segunda no cabe la remisión de la misma. Los periodistas ya no se interesan por María y su hija, no se pueden repetir interminablemente los temas. La audiencia quiere noticias frescas cada día, consume atrocidades como el Minotauro vírgenes, siempre insaciable, mientras los horrores se renueven. La tortura continuada, cruel y despiadada pero minúscula, a entender de la sociedad civil, que sufren madres y niños, inermes en las manos de sus verdugos que son amparados por el sistema judicial y el criterio general, no llama la atención más que unos minutos en el primer telediario. Después vuelve a tratarse de un asunto privado, que el juez resolverá. Y ya lo ha hecho.

Como explicaba María, ella está en el corredor de la prisión esperando que cualquier día le llegue la orden del juzgado de ingresar en la cárcel. Y en ese momento la niña irá a vivir con el padre, que finalmente la tendrá a su disposición libremente. El círculo infernal de maltrato, victimización judicial, persecución del verdugo, condenas injustas y entrega de la menor a la disposición incondicional del maltratador, se habrá cumplido.

Menos mal que disponemos de una espléndida Ley Orgánica de Protección Integral de la Violencia de Género, que este diciembre cumplirá diez años, de una red de Juzgados de Violencia que están ahí, con su equipo completo, fiscal, secretario, forense, asistente social, de cuatro cuerpos de Seguridad del Estado –municipal, autonómica, nacional y Guardia Civil– que velan incansablemente por defender y proteger a las víctimas de maltrato, y las mujeres disponen de órdenes de protección y alejamiento contra los denunciados, a los que se controla con pulsera electrónicas de nuevo invento, y en una modernísima y complejísima página web que administran incansablemente seis funcionarios de alto rango del Ministerio del Interior. Que además disponemos de la red consiguiente de Casas de Acogida y Centros de Información a la Mujer, con un teléfono, el 016, que da información gratuita y secreta a toda la que la demande.

De no ser así, María en vez de estar en el corredor de la prisión estaría en el corredor de la muerte, como le sucede a muchas mujeres en India, Sudán, Pakistán y otros países menos democráticos que el nuestro, pero por ella no se van a movilizar ni Amnistía Internacional ni los sublevados de Can Vies ni los de Gamonal. Al fin y al cabo se trata de una más de las mujeres que sufren maltrato en nuestro país.


http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2014/06/01/maltratada-y-enviada-a-prision-por-el-juez/


domingo, 12 de octubre de 2014

POR FAVOR, POR NUESTROS/AS HIJOS/AS, ¡¡¡FIRMAD ESTA PETICIÓN Y DIFUNDID A TOPE!!!

POR FAVOR, POR NUESTROS/AS HIJOS/AS, ¡¡¡FIRMAD Y DIFUNDID A TOPE!!!
El anteproyecto de ley que pretende aprobar el PP con el nuevo Ministro de Justicia a la cabeza, va a causar un daño irreparable para muchísimos menores cuyos padres se separen de forma contenciosa. Si ya se están dando situaciones que son auténtico maltrato institucional hacia estas criaturas, con la aprobación de esta ley se va a abrir la vía legal a este maltrato ya que para nada mira por el bienestar del menor como objetivo prioritario.

 ¡¡¡Hay que inundar con esta petición a los promotores de semejante barbarie! ¡¡¡Que se nos oiga!!!!!!!!!!!




miércoles, 8 de octubre de 2014

Interesante de escuchar

El juez no avisó a la fiscal de las visitas a la hija de un presunto asesino machista

La Fiscalía solo tuvo conocimiento de la polémica decisión del juez de Aranjuez una vez que ya estaba acordada la medida

MARIOLA LOURIDO   30-09-2014 - 10:44 CET

El Ministerio Fiscal no pudo hacer nada, no pudo intervenir para ejercer su función de defensa de la menor ante la concesión del régimen de visitas a su padre encarcelado por haber presuntamente matado a su madre.

Fuentes jurídicas cercanas al caso aseguran a la Cadena SER que el magistrado dictó el auto sin haber dado traslado al fiscal para que informase y se posicionase. La fiscala especial de Violencia sobre la Mujer Soledad Cazorla se mostró en la SER indignada y atónita ante la resolución del juez. La considera "un desatino, desafortunada e increíble".

Cazorla anunció medidas para intentar corregir la insólita decisión del magistrado de Aranjuez y considera que este caso pone una vez más de manifiesto la necesidad de una formación especializada de jueces, fiscales y también de los equipos psicosociales que emiten los informes.

Las fuentes jurídicas consultadas por la SER apuntan a que la única opción del fiscal es presentar recurso contra las visitas ante la Audiencia de Madrid, como ha hecho ya la familia materna que tiene la patria potestad y la custodia de la pequeña.


http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/juez-aviso-fiscal-visitas-hija-presunto-asesino-machista/csrcsrpor/20140930csrcsrsoc_5/Tes

Ángeles Carmona reclama más protección para la infancia

A raíz de que un juez permitiera que un padre acusado de matar a su esposa visite a su hija, recuerda que los jueces siempre tienen que informar al fiscal de sus decisiones

CADENA SER   30-09-2014 - 09:23 CET

Tras la noticia que adelantó la Cadena SER, al dar a conocer que un juez permitió que un padre que se encuentra en prisión acusado de matar a su esposa pueda visitar a su hija, la presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, recuerda que los jueces tienen que informar siempre al fiscal antes de tomar una decisión.

La Cadena SER ha conocido que el juez que decidió autorizar que un hombre detenido por asesinar presuntamente a su mujer pueda visitar mensualmente a su hija, tomó dicha decisión sin informar a la fiscalía.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha señalado en los micrófonos de 'Hoy por Hoy' que los jueces tienen que informar siempre al fiscal antes de tomar una decisión. Ahora será la Audiencia Nacional la que deberá pronunciarse sobre esta decisión.

Carmona reclama más protección para los menores. "Los niños están expuestos a los daños y riesgos que genera la violencia de genero", ha destacado, y por ello considera que es necesario que la legislación contemple una mayor seguridad.

Asimismo, ha confirmado que el pleno del consejo aprobará este martes por la tarde un informe favorable a la ley de protección de la infancia.


http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/angeles-carmona-reclama-proteccion-infancia/csrcsrpor/20140930csrcsrsoc_3/Tes?id_agr=outbrain-ser&obd=obinsite

viernes, 26 de septiembre de 2014

SUMAD VUESTRA FIRMA al Informe Sombra CEDAW España

Publicado el 3 junio, 2014 por
 

En abril de este año la Plataforma Informe CEDAW Sombra España publicamos nuestro Informe Sombra que presentaremos ante Naciones Unidas para que sea tenido en cuenta como parte de la voz de la sociedad civil española en la evaluación del Comité de la CEDAW a España.

Hasta el momento más de 200 organizaciones de la sociedad civil han firmado este Informe Sombra, demostrando que con el trabajo realizado por la Plataforma hemos conseguido aunar las demandas de la sociedad civil en torno a las reivindicaciones sobre los derechos de las mujeres. Estas firmas suponen asimismo un aumento de la potencia de nuestra voz, que queremos que sea decisiva en la evaluación a España de la aplicación de la CEDAW en el período 2009-2013.

Con el fin de seguir agrandando nuestra fortaleza, continuamos recogiendo firmas de asociaciones y colectivas. Para hacerlo, sólo hay que rellenar el formulario que está a continuación.

 

http://cedawsombraesp.wordpress.com/2014/06/03/sumad-vuestra-firma-al-informe-sombra-cedaw-espana/

 

 

El Consejo de Estado rechaza la custodia compartida si los padres no lo piden

El dictamen sobre la reforma de la ley recomienda esta fórmula solo de forma excepcional
 
 

El Consejo de Estado rechaza que los jueces impongan de manera ordinaria la custodia compartida si ninguno de los padres lo pide. En su dictamen sobre el anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación o divorcio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera que esta fórmula solo debe establecerse de manera ordinaria "cuando uno de los progenitores lo solicite", y advierte de que "la apertura de este esquema para el caso de que ninguno de ellos lo haya solicitado constituye una medida legislativa sobre cuyas consecuencias debe reflexionarse seriamente y que, en todo caso, debe contemplarse con un carácter de excepción".

UPyD, el partido que impulsó esta reforma con una moción en 2012, tenía previsto llevar este miércoles el asunto al Congreso por considerar que se está demorando la aprobación de la ley. El diputado Toni Cantó iba a preguntar al ministro de Justicia por qué, si el Consejo de Estado ya ha emitido su dictamen, no presenta el proyecto definitivo. La pregunta se ha aplazado debido a la dimisión del ministro.

La imposición de la custodia compartida por parte del juez si los padres no la piden es el punto más controvertido de la reforma proyectada por el Ministerio de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) manifestó su oposición en su informe sobre el anteproyecto, que presentó en septiembre del año pasado, por considerar que podría "agudizar las tensiones y controversias que frecuentemente pueden surgir tras la ruptura de la convivencia", y recomendó que en todo caso, "si se considerase necesario mantener esta opción, sería preciso revestirla de una nota de excepcionalidad", de manera que solo fuera factible "para proteger adecuadamente el interés del menor". El Gobierno tomó nota e introdujo esa condición de excepcionalidad en el texto, pero ahora el Consejo de Estado pide mejorar aún más la redacción para dejar claro que esta modalidad solo procede cuando sea necesaria para proteger a los hijos.

El Consejo de Estado no se opone a que se considere la custodia compartida como opción ordinaria cuando ambos padres lo soliciten o no haya acuerdo entre ambos, pues recuerda que de hecho ya lo están contemplando así los jueces. Tampoco se opone a que esta modalidad deje de ser excepcional frente a la custodia individual, que es el principal objetivo que persigue el anteproyecto, pero considera ingenuo considerar que este cambio pueda lograrse solo con una reforma legal. "La situación no obedece únicamente a que el sistema legal precedente diera preferencia a la guarda y custodia individual, sino a que el porcentaje de padres que la han solicitado hasta ahora ha sido muy reducido en relación con las madres", subraya el dictamen. Por ello, aunque admite que la nueva norma puede contribuir a ese objetivo, el éxito final dependerá de "una transformación real de la situación sociológica subyacente".

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2013 la custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 75,1% de los casos. En el 9,7% de los procesos la custodia la obtuvo el padre (frente al 5,3% de 2011), en el 14,6% fue compartida y en el 0,6% se otorgó a otras instituciones o familiares. La atribución de los hijos a la madre es también mayoritaria en las comunidades autónomas con derecho propio que ya tienen leyes que promueven esta fórmula. La pionera fue Aragón, que la aprobó en 2010, un año después lo hizo la Comunidad Valenciana y en 2012 entró en vigor la de Cataluña.