Entiende que la norma, que entró en vigor el 5 de mayo, vulnera las competencias del Estado sobre legislación civil
El Gobierno, que cuenta con el dictamen favorable al recurso del Consejo de Estado, entiende que la norma vulnera las competencias del Estado sobre legislación civil, por lo que ha acordado solicitar al presidente del Gobierno que la recurra ante el TC.
La ley, a juicio del Ejecutivo, regula instituciones civiles que carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación foral civil valenciana y, por lo tanto, excede las competencias de la comunidad autónoma para la "conservación, desarrollo y modificación del derecho civil foral valenciano" y vulnera las competencias exclusivas del Estado sobre legislación civil.
La Constitución, en su artículo 149, reserva al Estado la competencia exclusiva sobe la legislación civil, "sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, donde existan".
El Gobierno recalca en la referencia del Consejo de Ministros que la norma valenciana, que entró en vigor el pasado 5 de mayo, "no puede encontrar amparo" en la competencia exclusiva que reconoce el estatuto de autonomía (artículo 49.1.2), "dado que no desarrolla ninguna disposición del derecho civil de la comunidad autónoma", por lo que excedería sus competencias