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Avisa de que el proyecto del Consell generará "inestabilidad" en los niños "al no existir un eje conductor y estable de sus vidas" - La titular de Desarrollo Estatutario tacha de "gratuitas y carentes de sentido" las críticas
JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA
El Gobierno valenciano siguió adelante con el proyecto de ley de relaciones familiares de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven -conocida como "de custodia compartida"- pese a las gravísimas advertencias sobre las consecuencias de la futura norma en los menores del director general de Justicia y Menor, Antonio Gastaldi. El alto cargo no sólo expresó "serias dudas" sobre la constitucionalidad del texto por falta de competencia de la Generalitat -extremo éste que ya fue señalado por el Jurídic Consultiu-, sino que entró en el fondo. Gastaldi señala que la preferencia que se establece -"en sentido opuesto al Código Civil y a la práctica jurisprudencial"- a la custodia compartida en los casos de falta de acuerdo de convivencia familiar "sólo favorece los intereses de los progenitores, pero en ningún caso el superior interés del menor, que siempre debe prevalecer al de igualdad de los padres".
La norma establece la posibilidad de fijar un pacto de convivencia familiar pero, si éste no es posible, será el juez quien determine los extremos de este pacto, añadiendo que "como regla general" atribuirá a ambos progenitores de manera compartida el régimen de convivencia. El director general avisa de que la inexistencia de acuerdo sobre la custodia compartida tiene su origen en el conflicto entre los progenitores, de forma de que si éstos no han sido capaces de pactar esta base común "difícilmente podrán acordar todos los aspectos que se deriven de la misma y que son los que regirán la vida diaria de los menores, produciéndose inestabilidad en los mismos al no alcanzar los progenitores ninguna decisión conjunta en todas aquellas cuestiones que a diario surgen en el ámbito familiar".
"Esta afirmación es sobradamente conocida en el ámbito judicial, donde jueces, fiscales y gabinetes psicosociales se muestran contrarios a la imposición del régimen de custodia compartida cuando a ella se opone alguno de los progenitores, lo que ha llevado a una jurisprudencia consolidada contraria a la norma que ahora se pretende aprobar", refiere el director general. Añade que lo mismo opinan los profesionales de servicios sociales de los puntos de encuentro familiar, donde "la práctica profesional" comprueba que toda controversia entre ex cónyuges es dañina para los hijos "pero no resulta tan perjudicial cuando la custodia es ejercida por uno solo, al existir en estos casos un único régimen educativo que, mejor o peor, otorga a los menores la estabilidad deseada".
En su opinión, en los casos de desavenencias, establecer como regla general la custodia compartida "es imponer un sistema que generará conflicto tras conflicto en el desarrollo y evolución diaria de los menores, al ser inexistentes las pautas parentales de comunicación, con la consiguiente desorientación y desequilibrio para los menores al no existir un eje conductor y estable de sus vidas".
Gastaldi también rechaza la obligatoriedad de cada progenitor de aportar una propuesta de pacto de convivencia familiar, una exigencia "contraria" a la ley de Enjuiciamiento Civil. Sobre la competencia, el alto cargo destaca que el Estatuto otorga al Consell competencia sobre para la conservación, desarrollo y modificación del derecho civil foral valenciano, mientras que el proyecto "legisla 'ex novo' en un ámbito del derecho civil" en el que "no existe" derecho propio a desarrollar y "a mayor abundamiento".
Contrainforme de Gobernación
Este documento motivó un contrainforme de la directora general de Desarrollo Estatutario, Carolina Salvador, cuyo departamento (Gobernación) impulsa la ley. Salvador considera que las críticas constituyen "una proposición gratuita y carente de sentido y fundamentación". Sobre la competencia, defiende que arranca de "la normativa foral del histórico Reino de Valencia" a la que se refiere el Estatuto. Ésta, aunque desfasada, "contenía normas relativas a la patria potestad y a la filiación". Agrega que con el mismo amparo se ha legislado sobre el Régimen Económico Matrimonial y está en marcha el anteproyecto de ley de Sucesiones.
El proyecto de ley sigue la tramitación en las Corts, donde la oposición ha reclamado la devolución del texto al Consell. La socialista Loli Huesca justificó su oposición al entender que podría ser inconstitucional pero también porque rechaza que, como principio general "y sin tener en cuenta ninguna otra cosa", se establezca la custodia compartida también para los casos de conflicto. Para el PSPV, hay que estudiar las circunstancias de cada caso y el juez debe tener en cuenta los informes de los psicólogos, trabajadores sociales, del colegio y otros. El proyecto ha generado una gran controversia. La asociación en favor de la custodia compartida reclama que se elimine la exclusión de este régimen del progenitor sobre el que pese una "resolución judicial motivada" que constate indicios de violencia de género, para acotarlo a la existencia de sentencia firme.
El PP, que no presenta enmiendas, frena el texto al solicitar una ponencia para negociar
"Si quieres retrasar la solución de un asunto, crea una comisión". El PP parece haber asumido la célebre frase aplicada a la política en el caso del proyecto de ley de custodia compartida. Los populares no han presentado ninguna enmienda parcial al texto, algo que resulta inhabitual y, en su lugar, han solicitado la constitución de una ponencia para que informe sobre el texto. La finalidad oficial es propiciar un acuerdo sobre la norma con los grupos de la oposición, en este foro donde los diputados podrán negociar a puerta cerrada. Sin embargo, la medida -inhabitual desde la puesta en marcha del nuevo reglamento de las Corts, que convierte en potestativo el informe de la ponencia- tendrá el efecto inmediato de retrasar la tramitación del texto. Cuanto más se demore, mayor es el riesgo de que el proyecto de ley no llegue a aprobarse antes del final de la legislatura por las elecciones de mayo de 2011 y decaiga, una opción, que a la vista del enfrentamiento interno en el Consell por la norma, no descartan fuentes parlamentarias. Las semanas que quedan hasta final de año están centradas en presupuestos. Hasta febrero no se retomará la actividad, pero las Corts se disuelven a primeros de abril, por lo que sólo hay libres dos meses, incluidas fiestas.
