Antes de publicar la noticia que se va a poder leer debajo, queremos comentar lo siguiente: en Alicante hay dos juzgados de familia y en ambos, los juicios son una simple representación. La decisión de custodia compartida ya está tomada de antemano, aun cuando las pruebas presentadas demuestren que con la custodia compartida se vulnera gravemente el interés superior del menor y se van a causar daños irreparables en su bienestar psicosocial. En ninguno de los dos juzgados, las juezas dejan tiempo para las conclusiones finales: la indefensión de menores y madres es brutal.
Juzgan a una abogada por llamar «loca» a una jueza
La magistrada denunció a la letrada por injurias y amenazas después de expulsarla de una sala de vistas en Alicante
14.04.12 - 00:19 -
MANRIQUE C. SÁNCHEZ | ALICANTE | lasprovincias.es
Una abogada de Alicante se enfrenta al pago de una multa por llamar presuntamente «loca» a una magistrada que momentos antes le había expulsado de una sala de vistas. Varios compañeros de la letrada, incluido algún miembro de la junta de gobierno del colegio profesional, acudieron ayer por la mañana al Palacio de Justicia de Benalúa para expresarle su solidaridad, aunque no pudieron seguir este juicio de faltas al celebrarse a puerta cerrada.
El incidente se produjo el pasado 23 de enero, durante una vista en uno de los dos Juzgados de Familia existentes en la capital. Su titular dio la palabra a la abogada para que expusiese su informe final, pero le advirtió de que solo dispondría de dos minutos para ello.
Según fuentes jurídicas, la juez controló ese tiempo reloj en mano, mientras la letrada protestaba porque esta limitación no está contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Civil y no podía desgranar sus conclusiones.
Al final, la magistrada cortó en seco las quejas y expulsó a la abogada de la sala de vistas. La colegiada salió a los pasillos indignada. Allí, ante varias personas, según la acusación, llegó a afirmar que la responsable del Juzgado de Familia estaba «loca» y debería estar ingresada a un psiquiátrico, al tiempo que anunciaba que iba a «denunciarla».
La juez no escuchó esas palabras, pero se lo contaron más tarde y decidió interponer una denuncia por injurias y amenazas o falta de respeto y consideración debida a la autoridad.
A puerta cerrada
La magistrada de Familia compareció ayer en la vista oral vestida con su toga para ratificar su versión. En apoyo de la misma presentó cinco testigos, entre ellos una abogada y varias funcionarias judiciales, según las fuentes consultadas por este diario. La juez pidió al inicio de la sesión que ésta se celebrara a puerta cerrada al entender que el objeto del pleito era puramente privado. Su colega del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante, Francesca Martínez, accedió a esa pretensión entre las protestas de los abogados que acompañaban a la denunciada.
El letrado de la defensa, Juan Miguel Gualda, se opuso a esta medida con el argumento de que la Justicia debe desarrollarse «con luz y taquígrafos». El defensor también protestó porque la juez instructora no permitió el visionado del vídeo donde está grabada la vista en la que comenzó el incidente.
Por su parte, el fiscal calificó los hechos como una falta contra el orden público del artículo 634 del Código Penal, postura a la que se adhirió la denunciante. Por otro lado, el Ministerio Público solicitó que se dedujera testimonio contra dos testigos de la defensa al entender que habían mentido.
Para Gualda, en cambio, no hubo «falta de respeto a la autoridad» porque ésta «dejó de ser tal al privar del derecho a la última palabra» a su clienta.
La denunciada alegó que nunca quiso faltar al respeto a su señoría y aseguró haberse sentido «vejada y decepcionada» después de su expulsión. Tras concluir el juicio, la acusada abandonó el Palacio de Justicia llorando a lágrima viva.
La juez de Familia había recibido el jueves la visita de la denunciada y el decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, que querían pedirle disculpas, pero rechazó retirar la denuncia.
Plataforma en contra de la custodia compartida impuesta por vía judicial por ser contraria al interés superior de las niñas y niños
domingo, 15 de abril de 2012
martes, 10 de abril de 2012
Ana María Pérez del Campo: “La reforma laboral intenta devolver a las mujeres al calor del hogar, como quería Franco”
“Desde 1968 hay 857 víctimas de ETA con derechos reconocidos y 8.500 mujeres muertas por malos tratos sin estatuto y sin nada”
ADELAIDA DEL CAMPO | 05/abril/2012 | elplural.com
“Desde 1968 las víctimas de ETA entre muertos y heridos han sido 857. En ese mismo período de tiempo han muerto por malos tratos 8.500 mujeres, y hablo de muertes, dejando de lado las heridas, amputadas, mutiladas…Las víctimas del terrorismo tienen su estatuto. Las mujeres maltratadas no tienen nada. Ese terrorismo de ETA se ha acabado. Este no. Pero no hay violencia a la que no se pueda poner punto y final. ¿Por qué no interesa hacerlo?” Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas de España ve un futuro sin luz para las mujeres víctimas de la violencia de género ante la reforma laboral y el recorte de derechos sociales. Así lo explicó a EL PLURAL.COM.
P: ¿Por qué esta falta de apoyo a las mujeres maltratadas?
R: Porque la estructura del sistema se basa en el patriarcado: unos mandan y otras obedecen. No se quiere acabar con esta violencia porque somos la intendencia del sistema y parte de esa intendencia se encuentra en la estructura. Nunca se rebelará esta intendencia ya que desde que naces se atribuye a tu sexo una serie de funciones. Se te forma en miniatura, se te adiestra en lo que tienes que ser en tu trabajo futuro. Un trabajo que no tiene precio y por tanto no se valora, porque no existe. Cuando se valora, entra el hombre, te echa a un lado y se hace famoso. Ahí tienes a peluqueros y cocineros de fama internacional.
P: Así las cosas, la reforma laboral ¿qué supone para la mujer?
R: Supone un intento político de devolver a las mujeres al calor del hogar, que es lo que decía Franco en épocas que considerábamos periclitadas, durante la dictadura. Es un ataque feroz al trabajo de las mujeres. Antes de la crisis se producía una discriminación continua de las mujeres en el campo laboral. En la situación de crisis quien paga los platos rotos en el trabajo y en todos los ámbitos, es la mujer”.
P: Según la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se deberían justificar las ausencias al trabajo de las víctimas, posibilitar su movilidad geográfica, reservarles el puesto…
R: Pues lo cierto es que hoy si una mujer plantea alguna de estas situaciones, se queda sin puesto de trabajo. Se le ha dado el poder absoluto al empresario en detrimento de los derechos. La mujer maltratada que se olvide de pedir cambio alguno y que no incordie al empresario.
P: La ley también establece la formación de policías, jueces y otros agentes institucionales que deben atender a estas mujeres.
R: Ya en la ley del divorcio de 1981 se dijo que era preciso un equipo psicosocial de apoyo al juez en aquellas cuestiones que afectan a los usuarios de la justicia. Pero no se establecieron presupuestos ni la forma de cómo deben acceder los profesionales a estos equipos. Desde que la justicia pasó a la Comunidad de Madrid “Desesperanza” nombra a quien le parece con un criterio digital (de dedo). Hemos tenido que oír de algún miembro de estos equipos frases tales como “puede maltratar a su mujer y ser un excelente padre”. Ese es el panorama.
P: Tema este de los “buenos padres” que usted rechaza de plano.
R: Es que estos hombres maltratadores presentan una falta de control terrible que viene acompañada de una determinada ideología. No son buenos padres, se descontrolan con sus hijos, les hacen vivir en un ámbito de violencia que se resume en que el niño aprende a pedir las cosas descontrolando y maltratando. Establecer normas no significa actuar con barbarie.
P: Ahí está el problema de las visitas
R: Pues sí, porque si la derecha quiere acabar con esta pandemia, tiene un recurso básico: que nadie que maltrate a sus hijos tenga contacto con ellos. Pero se prima la paternidad biológica y no por el hecho biológico se es padre.
P: Usted está muy preocupada por la situación de los hijos.
R: Porque no se establecen mecanismos de protección a los menores y eso es un horror. Se olvida lo que dijo un célebre psiquiatra hace tiempo: no hay hijos esquizofrénicos, hay familias esquizofrenantes. Es lo que está potenciando esta gente.
P: Sobre todo, denuncia la custodia compartida.
R: A los que defienden la custodia compartida yo les propondría que vivieran cada semana en una casa diferente, a ver si les gusta. La custodia compartida que están pidiendo los maltratadores de este país en el Congreso y el Senado, es el “burka impuesto”.
P: ¿Y los protocolos sanitarios para atender a las mujeres maltratadas?
R: No sirven de nada. “Al primer signo, denuncia”, dicen ¿no? Pues como no llegues al juzgado con un ojo morado… no hay nada que hacer. Además, probablemente en el juzgado digan que es una denuncia falsa. Y no hay que olvidar que el maltrato es el único delito en el que no vale la legítima defensa.
P: También se preveía formación para los profesionales de la Sanidad
R: A veces te encuentras con que el médico te suelta: “Esto es normal en todas las parejas”. Frente a la buena voluntad de la ley, falta la aplicación de esa misma ley.
P: ¿Cómo afecta el concepto sobre educación de este Gobierno?
R: Afecta en que estamos viviendo un retroceso en conocimientos y formación. Intentan crear una sociedad obediente. No hay más que ver cómo han eliminado la educación para la ciudadanía, sin considerar que no se nace demócrata: se hace uno demócrata. La democracia es solidaridad, ponerse en los zapatos del otro. Eso hay que aprenderlo. La prevención de la violencia pasa por la educación.
Ana María Pérez del Campo está preocupada por muchas cosas: por la situación que ve muy difícil; por la falta de ayudas económicas “incluso las propias mujeres tienen que pagar a las terapeutas del Centro porque la Comunidad nos quitó los 12.000 euros de subvención”; por las situaciones dramáticas y la escasa respuesta: “No existe una ley de acompañamiento económico para las víctimas, no hay presupuesto”. Pide a las mujeres diputadas o senadoras, “que no se dejen abducir por sus parejas. Que no sean poder vicario, que sean mujeres”.
P: El maltrato vuelve a ser un delito invisible con un futuro muy negro ¿verdad?
R: No es que sea negro, es que no hay un rayo de luz. Hay que tener en cuenta que invisibilizar las cosas tiene sus razones de interés. Se deja de ver lo que no se quiere ver, eso forma parte del sistema”.
martes, 3 de abril de 2012
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