Madrid, 09 marzo. 15. AmecoPress. Diversas asociaciones contra la violencia de género y justicia en pro de infancia y menores han manifestado su rechazo a las declaraciones que el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, expuso en el Senado con respecto a la custodia compartida. Afirmaba que esta "no tiene por qué ser la regla general, pero tampoco una excepción", que además supone un equilibrio en la formación de los y las menores y que "en ningún caso" se le concederá a los condenados por violencia de género.
Sin embargo, la realidad se muestra bien distinta y así lo han manifestado en un comunicado conjunto que han lanzado estas seis asociaciones. En él manifiestan que "debe ser que el señor ministro vive en otro país. Tendría que infórmanos en cuál", y a su vez enumeran varios casos en los que la regla del Ministro no se cumple y la custodia compartida se ha impuesto por decisión judicial. Hay casos en lo que se ha concedido a padres con sentencias por violencia de género; también a quienes han incumplido los pagos de las pensiones de alimentación; e incluso a padres que llevan desaparecidos años y que de forma repentina han manifestado su intención de ejercer como tal, pero que sin embargo en contadas ocasiones acaba cumpliéndose.
Esta situación no es indiferente en la vida de las hijas y los hijos. En muchas ocasiones se les utiliza como herramienta de presión y chantaje en casos en los que la separación no se ha sido acordada por ambas partes y existen indicios de violencia implícita. Algunos de los síntomas que muestran los y las menores son: bajo rendimiento escolar, problemas de concentración, síntomas depresivos, problemas de autoestima y principios de violencia entre otros que se agravan en función de la edad.
Las asociaciones manifiestan que la custodia compartida sería una buena medida en aquellos casos en los que ha sido acordada por las dos partes de la pareja, pero en ningún caso debe ser una imposición judicial porque abre las puertas de par en par a este tipo de casos. Declaran que "sacar una ley sin haber contrastado fehacientemente sus consecuencias sobre los niños y niñas y sin un seguimiento por parte de todas las instituciones, es una atrocidad. Una atrocidad que ya se está produciendo hoy en día (tristemente) y que se pretende legalizar".
Foto: Archivo AmecoPress
