Plataforma en contra de la custodia compartida impuesta por vía judicial por ser contraria al interés superior de las niñas y niños
La ley valenciana, que entró en vigor el pasado 5 de mayo, da prioridad al pacto entre los progenitores, pero en ausencia de acuerdo contempla como regla general la custodia compartida, y gestiona la relación de los menores con sus hermanos, abuelos, otros parientes y personas allegadas.
El TC ha admitido a trámite el recurso después de que el Consejo de Ministros decidiera interponerlo por considerar que la norma valenciana vulnera las competencias estatales sobre legislación civil. El Gobierno ha recalcado que esa norma "no puede encontrar amparo" en la competencia exclusiva que reconoce el Estatuto de autonomía, "dado que no desarrolla ninguna disposición del derecho civil de la comunidad autónoma", por lo que excedería sus competencias.
En su recurso, el Ejecutivo afirmaba que el País Valencià tiene derecho a la "conservación, desarrollo y modificación del derecho civil foral valenciano", según establece su Estatuto autonómico. El problema es que la legislación foral valenciana no tuvo nunca instituciones civiles que regularan esta materia y, por tanto, no hay nada que recuperar o modificar. No es el caso, en cambio, de Catalunya, Aragón y Navarra, que tienen una ley de custodia compartida gracias a los antecedentes en su legislación foral.
El magistrado criticó el "efecto perverso" de la Ley contra la Violencia de Género
Serrano llegó a comparar la situación de los hombres acusados de malos tratos a la mujer con la cárcel de Guantánamo. "Cuando a un hombre se le denuncia, a la cárcel y la llave, tirada", afirmó. También aseguró que "las desigualdades y situaciones injustas llevan a más violencia donde antes no la había e incluso a hombres que se suicidan". "Esos datos no aparecen en la foto oficial", añadió.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, criticó las declaraciones del juez y defendió la legislación sobre violencia contra las mujeres como "un instrumento jurídico eficaz en la lucha y erradicación de este fenómeno complejo".
Un año después de estas declaraciones se produjo la actuación del magistrado para alterar el régimen de visitas de un niño de 11 que pretendía salir de paje en una procesión de la Madrugá de Sevilla, a pesar de que no tenía responsabilidad en ese procedimiento.
La comisión permanente del CGPJ informó ayer de que adopta la medida contra el magistrado en aplicación del artículo 383.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma prevé la suspensión de los jueces cuando estén procesados por supuestos "delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". El consejo advierte en su resolución que la suspensión cautelar del magistrado no supone "entrar en el fondo del asunto" y que tendrá que ser ratificada por el pleno de este órgano, previsto para mañana.
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