sábado, 9 de julio de 2011
La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para el juez Serrano
De cuando Manuel Altava reventó la cerradura del domicilio familiar
En un artículo titulado "¿Por qué pedir las llaves si puedes llamar al cerrajero?", el periodista José Yoldi explicaba el 1 de marzo de 2010 en el diario El País que cuando Altava se separó de Paloma Sanz, su compañera sentimental y madre de sus dos hijos, se personó en el domicilio familiar ubicado en Castellón con dos cerrajeros, varios policías de paisano y tres transportistas para apoderarse de 70 cajas de libros, además de cuadros, estanterías, mesas y sillas de despacho, ordenadores, impresoras y todos los efectos que Altava consideró suyos.
El 15 de agosto de 2003
Precisamente, fue un 15 de agosto -festivo en toda España y día en el que Paloma Sanz se encontraba de vacaciones en Benicàssim con sus dos hijos-, cuando el senador aprovechó para reventar la cerradura del domicilio y de paso forzar las puertas del despacho profesional de su excompañera sentimental, situado en la planta baja del mismo inmueble.
Salvado al convertirse en Senador
Lo ocurrido aquel día dio lugar a que el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón abriera un proceso por delito de realización arbitraria del derecho propio. El caso siguió adelante, se abrió juicio oral y cuando estaba apunto de sentarse en el banquillo de los acusados en Castellón, Altava resultó elegido senador por el Partido Popular.
Absuelto por Maza
Y entonces, al ser aforado desde el 9 de marzo de 2008, el caso pasó al Supremo. La fiscalía consideró que había elementos suficientes para acusar a Altava, pero el juez instructor del Supremo, José Manuel Maza, aseguró en una sorprendente resolución que el dirigente del PP no había cometido delito alguno. Para Maza lo ocurrido aquel 15 de agosto de 2003 fue un "mero cambio de cerradura" ya que "en ningún momento Altava pretendía realizar un derecho propio contra la voluntad de su expareja".
Pregunta sin respuesta
"Y usted se preguntará: si todo fue tan inocuo, ¿por qué Altava no llamó a su expareja y le pidió las llaves para entrar en la vivienda y llevarse sus cosas, en lugar de hacerlo cuando ella estaba de vacaciones y por la fuerza?; se preguntaba el periodista José Yoldi en su artículo antes de afirmar que "menos mal que todos sabemos que los jueces del Supremo no prevarican, porque seguro que habrá malpensados que opinen que el asunto tiene un malsano tufillo corporativo".
Que los jueces me expliquen cómo se puede cuidar a unos niños a 220 kilómetros
MERCEDES GALLEGO Tras año y medio viviendo con sus hijos en Beneixama, donde trabaja como secretaria municipal, está a la espera de que la Audiencia de Castellón le aclare la sentencia que obliga a los pequeños, de los que tiene la guardia y custodia, a volver a aquella ciudad. Allí reside el padre, magistrado en excedencia y senador por el PP Manuel Altava, quien obligó al Gobierno a estudiar la custodia compartida.
Desde el patio de su casa se debe escuchar, con el curso escolar en activo, el griterío de los chavales del único colegio del pueblo, el Divina Aurora, del que también son alumnos sus hijos desde septiembre de 2009. Hasta esta tranquila localidad del Alto Vinalopó de calles rectas y despobladas en plena canícula de julio se trasladó desde Castellón Paloma Sanz, quien asegura que lo que en principio era algo provisional ("era habilitada estatal en excedencia y al pedir el reingreso estaba libre la plaza de Beneixama, a la que después concursé y ahora tengo en propiedad", relata) ha devenido en una situación definitiva. Un sueño, el de un trabajo estable y un lugar para vivir en el que asegura sentirse a gusto tanto ella como sus pequeños, que ahora se tambalea tras el fallo de la Audiencia de Castellón que obliga a los menores a vivir a más de 200 kilómetros de donde ella, que tiene su guardia y custodia, trabaja.
¿Cómo se explica esta decisión judicial?
Sólo encuentro una justificación: que la han puesto tres hombres. No sé cómo ejercitan ellos su labor de padres pero estoy segura de que si fueran madres el fallo sería otro. Desde que nacieron los niños están a mi cuidado y quiero seguir cuidándolos, pero si ellos están en Castellón y yo en Beneixama...
La sentencia no considera justificado para el cambio de residencia que usted tenga un trabajo fijo.
Pues no tengo otro, tengo 50 años y tampoco puedo dejarlo.
¿Puede haber influido en el fallo el hecho de que el padre de sus hijos sea magistrado en excedencia y conozca, por tanto, a los redactores de la sentencia?
Algo tiene que haber influido porque hace año y medio se encontró justificado el traslado de los niños a Beneixama y, tras una exploración del juez y del fiscal, concluyeron que mis hijos estaban bien en el pueblo.
¿Se han planteado la custodia compartida como posible solución?
Su padre jamás la ha pedido y eso que fue precursor de esta medida. Él siempre ha querido quitarme a los niños desde que nacieron y yo llevo nueve años luchando por tenerlos conmigo. En ese tiempo él ha intentado arrebatarme la custodia aprovechando cualquier circunstancia y sus relaciones tanto a nivel judicial como político.
¿En qué medida?
Las relaciones existen en todas las profesiones y no creo que ninguno de los tres magistrados que han firmado la sentencia se les ocurra negarlas. No quiero ir más allá, pero desde que la sentencia se firmó hasta que se notificó pasó más de un mes. Y luego está el fallo que obliga a los niños a vivir en Castellón, algo que ni su padre ni yo habíamos pedido. Sólo quiero saber qué he hecho como madre para merecer una resolución judicial que escapa al sentido común porque me mantiene la guardia y custodia que no sé cómo puedo ejercitar teniendo a mis hijos deportados a 220 kilómetros de donde yo trabajo y vivo. Me parece tremendo cuando el padre tampoco está en Castellón porque, como senador, pasa en Madrid la mayor parte del tiempo.
¿Aceptaría usted la custodia compartida si el padre la pidiera?
Insisto en que nunca lo ha hecho y en este momento yo tampoco la aceptaría por una razón de peso y es que mis hijos no quieren estar con él.
¿Ha pensado qué hará si al final la Audiencia de Castellón ratifica el fallo?
No puedo pensar en ello porque tengo cartas de mis hijos desgarradoras en las que me piden que no permita que les lleven a Castellón.
Ya, pero si los magistrados se mantienen, ¿cumplirá la sentencia?
Pues creo que no podría porque si lo hago me quedaría en la calle o sin posibilidad de ver a mis hijos. No puedo poner a replantearme mi vida profesional con 50 años, ni me encuentro con fuerzas ni la situación laboral está para ello.
¿Llegaría al desacato?
Estoy dispuesta a defender con uñas y dientes mis derechos y los de mis hijos. Ellos ya han dicho lo que quieren y no voy a pasar por lo que a tres señores togados, por muy togados que sean, se les haya ocurrido porque es una resolución injusta y, sobre todo, imposible de cumplir.
Usted ha pedido una aclaración que aún no se ha resuelto.
Sí, y de eso hace ya más de un mes. Tengo derecho a saber cómo interpretan sus señorías cómo se puede tener la guardia y custodia y cumplirla con unos niños a 220 kilómetros. Quiero que me lo aclaren porque supongo que ellos, que han puesto la sentencia, se lo habrán planteado. Necesito que me lo digan y, si persisten en su ilógico fallo, interpondré todos los recursos a los que tenga derecho.
La sentencia señala como algo negativo que los niños vayan a un colegio laico y público.
Tengo grabado el juicio en Primero Instancia y la intervención del padre no tiene desperdicio: habla de Beneixama como de un pueblo de cabras cuando tiene un censo de licenciados altísimo y el colegio, una ratio y un nivel de seguimiento de los niños que ni el privado más elitista. Llamar a Beneixama pueblo de cabras es un insulto. Él sólo admite que los niños vayan a un colegio de monjas de Castellón cuando ni siquiera se ha molestado por conocer el entorno actual de sus hijos, que son los que en este año y medio ha ido a ver su padre en vez de venir él a verlos aquí.
Alarte asegura que el recurso del Gobierno contra la Ley valenciana de Custodia Compartida es "acertada"
VALENCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha señalado que el recurso del Gobierno contra la Ley de Custodia Compartida de la Comunitat Valenciana es "acertada" porque "se basa en una cuestión competencial, en quién tiene o no capacidad para regular el derecho civil, el derecho matrimonial y la custodia y protección de los menores", ha dicho.
Alarte, que se ha expresado de esta manera en rueda de prensa en relación a los miembros de la asociación Custodia Compartida Ya que se han manifestado en frente de la sede de los socialistas valencianos en Valencia para pedir que interceda ante el Gobierno para que retire el recurso de inconstitucionalidad a la norma valenciana sobre esta cuestión, ha afirmado que "por su puesto" va a recibirles para escuchar sus planteamientos y reivindicaciones.
El dirigente socialista ha explicado que, desde el punto de vista constitucional, el Gobierno "ha cumplido con su deber" al considerar que la Comunitat "ha superado su ámbito de competencias". Esto "es parte de la vida democrática e institucional", ha agregado.
Alarte ha afirmado que va a "escuchar" a los miembros de la plataforma, sin embargo, ha subrayado que la posición de los socialistas valencianos en esta cuestión está "bien definida y bien clara: La custodia sólo debe responder al interés de los menores" y debe basarse en el "acuerdo" entre los progenitores.
Así, ha recordado que el grupo parlamentario socialista votó en contra de la Ley de Custodia Compartida en las Corts y ha recalcado que mantienen su posición al respecto.
lunes, 4 de julio de 2011
«Que los hijos pasen una semana en casa de cada progenitor es una aberración»
domingo, 3 de julio de 2011
El PSPV dice que el "único ataque" de la custodia compartida por ley "es el que se produce para el interés del menor"
La diputada socialista en las Corts y portavoz de Igualdad, Loli Huesca, ha afirmado este sábado que "el único ataque de la custodia compartida por ley es el que se produce al interés del menor" y ha añadido que "una custodia compartida, como criterio preferente a cualquier otra custodia, sólo puede empeorar la convivencia familiar después de la ruptura de la pareja y afectar negativamente al desarrollo de los hijos". Por eso, ha subrayado que "sólo debería contemplarse en aquellos casos en los que ambos progenitores están de acuerdo".
De esta forma se ha expresado después de que el Gobierno central haya anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley valenciana de Custodia Compartida por considerar que su contenido vulnera las competencias estatales. Huesca ha advertido, en este sentido, de que "existen serias dudas sobre la constitucionalidad de la norma porque legisla 'ex novo' en sentido opuesto a la regulación contenida en el Código Civil y sobre una materia en la que el Consell no es competente".
"La custodia compartida —ha continuado— sólo favorece a los progenitores, pero en ningún caso al superior interés del menor, que siempre debe prevalecer al de igualdad de los padres en cualquiera de los supuestos".
Loli Huesca ha clarificado que los socialistas valencianos "no rechazamos la custodia compartida en todos los casos, pero sólo debe aplicarse cuando ambos progenitores estén de acuerdo y preservando siempre el interés del menor, que es el bien jurídico a proteger", ha insistido.
El Gobierno recurre la ley valenciana de Custodia Compartida
Entiende que la norma, que entró en vigor el 5 de mayo, vulnera las competencias del Estado sobre legislación civil
El Gobierno, que cuenta con el dictamen favorable al recurso del Consejo de Estado, entiende que la norma vulnera las competencias del Estado sobre legislación civil, por lo que ha acordado solicitar al presidente del Gobierno que la recurra ante el TC.
La ley, a juicio del Ejecutivo, regula instituciones civiles que carecen de antecedentes en el ámbito de la legislación foral civil valenciana y, por lo tanto, excede las competencias de la comunidad autónoma para la "conservación, desarrollo y modificación del derecho civil foral valenciano" y vulnera las competencias exclusivas del Estado sobre legislación civil.
La Constitución, en su artículo 149, reserva al Estado la competencia exclusiva sobe la legislación civil, "sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, donde existan".
El Gobierno recalca en la referencia del Consejo de Ministros que la norma valenciana, que entró en vigor el pasado 5 de mayo, "no puede encontrar amparo" en la competencia exclusiva que reconoce el estatuto de autonomía (artículo 49.1.2), "dado que no desarrolla ninguna disposición del derecho civil de la comunidad autónoma", por lo que excedería sus competencias