En Sevilla, donde la bondad y el cariño de las compañeras feministas se hizo patente
hace unos días en la asistencia a la presentación de mi libro Los nuevos machismos, y en el homenaje que me rindieron, sufrí la tristeza de conocer, una vez más, como la casta judicial se muestra en toda su crueldad patriarcal contra las mujeres y los niños. Las víctimas del maltrato machista, así como sus hijos –los más débiles e impotentes–, son doblemente victimizadas cuando acuden a pedir amparo a la justicia democrática de nuestro Estado moderno, respetuoso con la defensa de los derechos humanos.
Inés María Rivas Morera tuvo que denunciar al padre de su hija de tres años por abusos sexuales continuados. La denuncia se archivó en el Juzgado. Presentó querella y volvió a archivarse, se presentó el recurso ante la Audiencia y ratificó el archivo alegando la falta de pruebas. Por tanto el padre mantuvo todos sus derechos sobre la hija: la patria potestad y el régimen de visitas que le permitía disponer de la niña fines de semana alternos. La madre, desesperada ante la obligación de entregarle a la menor durante dos días cada quince, sin control alguno, dejó de permitírselo. La denunciaron a ella el ex marido y el fiscal, siempre tan atento a defender los derechos de los padres, y el juez ordenó que la detuvieron varios días. Cuando en la resistencia callada y sufrida que mantienen las madres en la defensa de sus crías, aún contra las agresiones de los progenitores –y sin esa capacidad de defensa femenina la humanidad hubiera desaparecido hace milenios–, Inés se mantuvo firme en proteger a la niña, el juzgado le ha impuesto multas que oscilan de 2.000 a 4.000 euros. La resolución judicial sobre el último recurso presentado por su abogado lleva camino de eternizarse.
Isabel Hinojosa Picón ha sido víctima de la insania machista del juez Serrano que, en Sevilla, durante un tiempo, demasiado, dispuso del poder que otorga el nombramiento judicial para perseguir a las mujeres que presentaban en su juzgado demandas de divorcio o denuncias por maltrato. Tantas fueron las actuaciones no ajustadas a derecho que acabó siendo condenado por prevaricación, pero mientras tanto Isabel y muchas más, y yo misma, fuimos víctimas de la persecución del que debía ser el garante de nuestra tutela judicial.
El más penoso y urgente de los casos que en una catarata de confidencias me contaron las víctimas, es el de María Salmerón Parrilla que se encuentra en el corredor de la prisión, esperando que en breve se le ordene ingresar para cumplir condena. María sufrió maltrato por parte de su marido durante un tiempo interminable –cualquier plazo de tiempo bajo la tortura es demasiado–, en el que la hija fue víctima y testigo a su vez. A pesar de ser condenado por sentencia firme, como es habitual en el criterio de los jueces, no se le ha retirado el régimen de visitas y la criatura sufre cada fin de semana los gritos, golpes y castigos del padre, hasta que la madre decidió no entregársela más. Y entonces comenzaron los procesos contra ella. Fiscales y jueces tan laxos con la concesión de órdenes de alejamiento y de protección, y mucho más descuidados en hacerlas cumplir, hasta que el denunciado o condenado puede asesinar a su víctima, son rigurosamente estrictos en la persecución del delito de desobediencia a las órdenes judiciales: cuando la madre se niega a cumplir el régimen de visitas señalado en la sentencia. Aquí hablamos además del criterio patriarcal por el cual el hombre siempre tiene razón, de la defensa del honor del juez. No va a permitir que una simple mujer, y en este caso no puede alegarse que falsa puesto que existen dos sentencias condenando al maltratador, pero siempre inestable por su condición de hembra, ponga en cuestión y se niegue a cumplir sus imperativos mandatos.
Por tanto, condenaron a María a un año y seis meses de prisión. Cuando no cupieron más recursos se solicitó el indulto, y a pesar de la explosión de generosidad ciudadana y feminista que expresó su indignación repetida y públicamente, y de la cobertura que los medios de comunicación le dieron, curiosos por el extraño caso, no se logró de la generosidad del gobierno más que un indulto parcial que se la redujo un tiempo. Pero en eso el padre volvió a exigir el cumplimiento del régimen de visitas y María siguió negándose a ello en protección de su hija. Y cayó la segunda condena, y ya no hay posibilidad de incumplirla porque al ser la segunda no cabe la remisión de la misma. Los periodistas ya no se interesan por María y su hija, no se pueden repetir interminablemente los temas. La audiencia quiere noticias frescas cada día, consume atrocidades como el Minotauro vírgenes, siempre insaciable, mientras los horrores se renueven. La tortura continuada, cruel y despiadada pero minúscula, a entender de la sociedad civil, que sufren madres y niños, inermes en las manos de sus verdugos que son amparados por el sistema judicial y el criterio general, no llama la atención más que unos minutos en el primer telediario. Después vuelve a tratarse de un asunto privado, que el juez resolverá. Y ya lo ha hecho.
Como explicaba María, ella está en el corredor de la prisión esperando que cualquier día le llegue la orden del juzgado de ingresar en la cárcel. Y en ese momento la niña irá a vivir con el padre, que finalmente la tendrá a su disposición libremente. El círculo infernal de maltrato, victimización judicial, persecución del verdugo, condenas injustas y entrega de la menor a la disposición incondicional del maltratador, se habrá cumplido.
Menos mal que disponemos de una espléndida Ley Orgánica de Protección Integral de la Violencia de Género, que este diciembre cumplirá diez años, de una red de Juzgados de Violencia que están ahí, con su equipo completo, fiscal, secretario, forense, asistente social, de cuatro cuerpos de Seguridad del Estado –municipal, autonómica, nacional y Guardia Civil– que velan incansablemente por defender y proteger a las víctimas de maltrato, y las mujeres disponen de órdenes de protección y alejamiento contra los denunciados, a los que se controla con pulsera electrónicas de nuevo invento, y en una modernísima y complejísima página web que administran incansablemente seis funcionarios de alto rango del Ministerio del Interior. Que además disponemos de la red consiguiente de Casas de Acogida y Centros de Información a la Mujer, con un teléfono, el 016, que da información gratuita y secreta a toda la que la demande.
De no ser así, María en vez de estar en el corredor de la prisión estaría en el corredor de la muerte, como le sucede a muchas mujeres en India, Sudán, Pakistán y otros países
menos democráticos que el nuestro, pero por ella no se van a movilizar ni Amnistía Internacional ni los sublevados de Can Vies ni los de Gamonal. Al fin y al cabo se trata de una más de las mujeres que sufren maltrato en nuestro país.
